Parte dos: Planes coordinados entre agencias

Malí

HRP
Población necesitada
7,1 millones
Población meta
5,8 millones
Requerimientos (US$)
498 millones
Población total
20,3 millones
Nivel de ingresos
Bajo
INFORM Severity Index
3.8 / Alto
Llamamientos consecutivos
2012 - 2021
Personas beneficiadas (2020)
2,6 millones

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

En 2020, las crisis humanitarias en Malí empeoraron debido a los efectos multifacéticos inmediatos del conflicto y la violencia, incluidos los conflictos inter e intracomunitarios, los grupos armados radicalizados y la delincuencia. El número de personas vulnerables que necesitan asistencia aumentó debido a la pobreza generalizada, la pandemia de la COVID-19 y los efectos crónicos del cambio climático. Malí también atravesó una crisis política que culminó con el derrocamiento del Gobierno por el Ejército, lo que dio lugar a un período de transición de 18 meses a partir de septiembre. El conflicto y las consiguientes necesidades humanitarias se extendieron desde la región de Liptako-Gourma de Malí hasta las regiones de Kayes, Koulikoro y Sikasso en el sur y el oeste.

El número de personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional llegó a 1,3 millones de personas durante el período de escasez de junio a agosto de 2020, lo que representa un aumento de más del 200% en comparación con el mismo período de 2019. Ello se debe a la inestabilidad del contexto político de seguridad y de transición, combinada con la débil presencia de las autoridades regionales y los servicios técnicos de Malí. Además, 2,4 millones de personas necesitan actualmente apoyo para proteger sus medios de vida.

La creciente inestabilidad condujo a un aumento de los desplazamientos internos. A finales de agosto de 2020, cerca de 290.000 personas fueron desplazadas internamente. Esto es cuatro veces más que a principios de 2019 y añade 100.000 personas desde agosto de 2019. ACNUR informó de que el número de refugiados y solicitantes de asilo malienses en los países vecinos había aumentado de 138.402 a 141.676 entre septiembre de 2019 y julio de 2020. Mientras tanto, 84.000 refugiados malienses regresaron a Malí durante el mismo período debido a la inseguridad.

La protección de los grupos vulnerables sigue siendo preocupante, ya que desde enero de 2020 se han notificado 4.411 casos de violencia de género, principalmente contra mujeres (98%), de las cuales el 61% son niñas. Los civiles están cada vez más expuestos a riesgos en las carreteras principales debido a los artefactos explosivos improvisados (AEI) en el centro de Malí. De enero a septiembre de 2020, los AEI mataron a 181 civiles. Esta cifra está a la par con la de los dos últimos años: Los AEI causaron 222 bajas en 2019 y 249 en 2018.

Un total de 1.261 escuelas permanecieron cerradas debido a la inseguridad en el centro y el norte, privando a 338.700 niños de su derecho a la educación. El acceso al agua potable sigue siendo problemático, ya que menos de una de cada dos personas tiene acceso al agua potable en Gao y Kidal. El 5% de los desplazados internos tienen acceso al agua potable, lo que está por debajo de la media nacional del 68,8%.

En las zonas afectadas por el conflicto, el 23% de los centros de salud no funcionan y los servicios de atención primaria de la salud siguen siendo limitados. Al 8 de noviembre de 2020, se habían confirmado 3.706 casos de la COVID-19 en 38 distritos sanitarios de 9 regiones, incluidas 137 muertes (tasa de letalidad del 3,7%) y 2.828 pacientes curados. Además, es probable que las consecuencias socioeconómicas relacionadas con la pandemia tengan un impacto socioeconómico a largo plazo para los hogares más pobres.

Las inundaciones causaron daños importantes a los cultivos, el equipo, las viviendas, los almacenes de cereales y el ganado. Según las cifras del Gobierno, al 30 de septiembre de 2020, las inundaciones afectaron a 11.019 hogares (80.760 personas), incluidos 5.400 desplazados internos, en las regiones de Koulikoro, Menaka y Segou.

Ante una emergencia de salud pública, desastres naturales y una seguridad frágil, los socios humanitarios (que disponen del 45% de los recursos financieros necesarios) atenderán a 2,6 millones de personas de los 5,5 millones previstos para diciembre de 2020. Esto representa un aumento de aproximadamente el 11% con respecto a los 2,35 millones de personas a las que se llegó al 30 de septiembre de 2020.

Situación prevista para 2021 y más allá

Dado el deterioro del prolongado contexto humanitario, es probable que en 2021 aumenten las necesidades humanitarias. Los desafíos operativos relacionados con el acceso humanitario, la protección y la preservación del espacio humanitario dominarán los esfuerzos de incidencia y coordinación para llegar a las personas necesitadas. En las circunstancias actuales, los desplazados internos no tienen perspectivas de retorno a corto o medio plazo. Las condiciones de vida deficientes, la inseguridad alimentaria, la desnutrición y los peligros para la salud aumentarán entre una población cada vez más vulnerable que recurre a estrategias de supervivencia negativas, lo que afecta a las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad.

Gráfico

Evolución de las necesidades y los requerimientos (2016 - 2021)

A pesar de las lluvias favorables para la temporada agrícola de 2020, los socios humanitarios identificaron un número récord de 7,1 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en 2021 de los 13,5 millones de personas afectadas por la crisis. Es probable que continúe la inseguridad alimentaria debido a las limitaciones de acceso a las tierras de cultivo a causa del conflicto que se está produciendo en el centro de Malí. El mantenimiento de los elevados precios de mercado de los cereales y el ganado, así como las restricciones relacionadas con la COVID-19, que incluyen la interrupción de la cadena de suministro, son algunos de los factores subyacentes que empeoran la situación de la seguridad alimentaria. Se prevé que aproximadamente 188.000 niños malienses menores de 5 años se verán afectados por la desnutrición aguda grave en 2021, mientras que se estima que 1,2 millones de personas están expuestas al riesgo de enfermedades transmitidas por el agua.

En respuesta a la pandemia, se reasignaron recursos de los servicios básicos de atención de la salud. Esto ha tenido un impacto negativo en los servicios de atención de la salud, como la atención primaria de la salud, los servicios de nutrición y las vacunaciones.

Prioridades de la respuesta en 2021

Para 2021, la comunidad humanitaria de Malí renueva su compromiso de fortalecer su capacidad operativa para satisfacer las necesidades de 5,8 millones de personas a las que se dirige el Plan de respuesta humanitaria de 2021. El presupuesto total estimado para la planificación humanitaria es de 498 millones de dólares. Se trata de intervenciones sectoriales, intersectoriales y multisectoriales que abarcan las consecuencias humanitarias de la crisis, relacionadas con las respuestas para salvar vidas, el fortalecimiento de los servicios sociales básicos, la garantía de la protección de la población y la promoción de la capacidad de recuperación. Esas intervenciones incluyen tres pilares temáticos en consonancia con los objetivos estratégicos trienales: la seguridad alimentaria y nutricional; la salud y el agua, el saneamiento y la higiene; y la protección, la educación y el alojamiento/artículos no alimentarios, aprobados en 2020.

La pandemia ha exacerbado los riesgos y amenazas para la protección, incluida la violencia de género, y ha aumentado el estigma y la discriminación contra los desplazados internos. La centralidad de la protección sigue siendo crucial en la respuesta humanitaria para Malí en 2021. Los temas intersectoriales como el género, la rendición de cuentas, la violencia sexual y de género y la estrategia de lucha contra la pobreza también son cruciales.

Para reducir la vulnerabilidad, reforzar la capacidad de recuperación y mejorar la protección del medio ambiente, es preciso determinar resultados colectivos basados en el fortalecimiento de la coordinación y la complementariedad entre las intervenciones humanitarias, de desarrollo y de paz. Ello incluye las actividades de cohesión social y el empoderamiento socioeconómico de las poblaciones afectadas.

Las intervenciones integran las medidas de mitigación de la COVID-19 para proteger al personal, las comunidades y los socios que participan en los programas humanitarios.

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