Parte dos: Planes coordinados entre agencias

Libia

HRP
Población necesitada
1,3 millones
Población meta
0,45 millones
Requerimientos (US$)
189 millones
Población total
6,9 millones
Nivel de ingresos
Medio-alto
INFORM Severity Index
4.1 / Muy alto
Llamamientos consecutivos
2015 - 2021
Personas beneficiadas (2020)
0,4 millones

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

Libia está luchando para hacer frente a los efectos del conflicto armado en curso, las crisis económicas y de gobernanza y el impacto directo e indirecto de la COVID-19, pues todo ello ha dado lugar al deterioro de los servicios públicos y los medios de vida de la población. La crisis en Libia tiene una fuerte dimensión de protección, con violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto y las graves violaciones contra los niños.

Debido al conflicto armado que se prolongó hasta 2020, se informó de 417 víctimas civiles hasta junio. Los bombardeos indiscriminados también han dañado y destruido instalaciones sanitarias, escuelas, infraestructuras de agua y hogares de la población. Entre enero y septiembre, Libia registró 28 ataques contra instalaciones médicas, ambulancias y personal médico, que provocaron la muerte de ocho personas y heridas a otras 23. El conflicto armado y la inseguridad siguieron provocando desplazamientos durante la primera parte del año. El rápido desplazamiento de las primeras líneas de combate en junio y julio permitió que retornaran a sus hogares unos pocos miles de personas, aunque la destrucción de los servicios básicos y la presencia de artefactos explosivos siguen siendo limitaciones importantes que obstaculizan los retornos seguros y dignos. En septiembre, 392.000 personas seguían estando desplazadas internamente en todo el país.

Libia sigue teniendo un alto riesgo de propagación de la COVID-19. Un grave obstáculo para responder a la pandemia de COVID-19 ha sido la fragmentación de la gobernanza en Libia. En septiembre, todavía no se había aprobado un plan nacional de preparación y respuesta frente a la COVID-19. Es probable que todavía no se conozca la verdadera escala de la pandemia debido a la escasez de suministros para realizar pruebas de detección de COVID-19, de instalaciones adecuadas de atención de la salud y de localización de contactos.

La capacidad de muchas personas para cubrir sus necesidades básicas, incluida la vivienda, se ha visto mermada por la actual crisis económica y el impacto socioeconómico de la COVID-19. Durante 2020, el país experimentó periódicamente cortes prolongados de la electricidad y el agua, así como escasez de combustible, lo que afectó aún más a los medios de vida de las personas e interrumpió servicios fundamentales. Las restricciones a la circulación impuestas para reducir la propagación del virus han hecho subir el precio de los alimentos y bienes esenciales en un 20% con respecto a los niveles anteriores a la aparición de la COVID en septiembre de 2020, y han afectado negativamente a las oportunidades de subsistencia de las personas. El desempleo en los grupos vulnerables ha aumentado, ya que alrededor del 27% de los trabajadores migrantes encuestados estaban desempleados en agosto, en comparación con el 10% en febrero. Muchas mujeres que dependen de la economía informal para su sustento se han visto afectadas de manera similar. Muchos migrantes y refugiados, incluidos niños, siguieron siendo objeto de detención arbitraria, violencia de género, trabajo forzoso, extorsión y explotación.

Situación prevista para 2021 y más allá

Se estima que alrededor de 1,3 millones de personas necesitarán algún tipo de asistencia humanitaria el año próximo, lo que representa un aumento del 40% en comparación con 2020. Las mayores necesidades se encuentran en Alkufra, Bengasi, Ejdabia y Trípoli debido al impacto del conflicto armado. Estos lugares también albergan el mayor número de poblaciones desplazadas, migrantes y refugiadas. El acuerdo oficial de alto al fuego firmado el 23 de octubre, aunque todavía no se ha aplicado, es prometedor. Si el alto al fuego se acompañara de acontecimientos políticos y económicos conexos y positivos, el desplazamiento interno se reduciría, ya que las familias podrían sentirse suficientemente seguras para regresar a sus hogares. El acceso a los servicios probablemente mejoraría a medida que el aumento de los ingresos, específicamente del sector petrolero, permitiera una mayor inversión en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, estas posibles mejoras podrían verse aún obstaculizadas en el futuro previsible por el impacto continuado de los casos de la COVID-19 y las medidas de prevención impuestas para frenar la propagación de la enfermedad.

Gráfico

Evolución de las necesidades y los requerimientos (2016 - 2021)

Incluso con un optimista repunte de la suerte de Libia, las necesidades humanitarias seguirán siendo elevadas a corto plazo a medida que se materialicen los acuerdos sobre el terreno y la economía se recupere. A largo plazo, se prevé que algunos grupos vulnerables seguirán necesitando alguna forma de asistencia humanitaria hasta que se logren soluciones sostenibles. También seguiría siendo necesario realizar actividades de incidencia política para superar las barreras culturales y la discriminación.

Prioridades de la respuesta en 2021

Las PDI, los repatriados, los migrantes, los refugiados y las personas no desplazadas que se ven afectadas por el contexto general de Libia seguirán siendo los grupos vulnerables prioritarios para el PRH de 2021. Un total de 1,3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y/o servicios de protección críticos. De ellas, 451.000 de las personas más vulnerables serán destinatarias del PRH de 2021. La comunidad humanitaria internacional seguirá trabajando con los grupos interesados de Libia para fomentar la capacidad de las autoridades libias de dirigir y aplicar la protección y la asistencia a los más necesitados.

La centralidad de la protección, la edad, el género y la diversidad, así como el fortalecimiento de la capacidad, seguirán siendo el eje central de la respuesta humanitaria. Se reforzarán las medidas de salvaguardia para prevenir y proteger contra la explotación y el abuso sexuales. La gestión de los datos también será un componente clave de la respuesta para asegurar que el análisis de las necesidades y la planificación de la respuesta se centren en las personas.

Las necesidades financieras del PRH de 2021 son de 189 millones de dólares. El plan complementará los esfuerzos de Libia, haciendo hincapié en el aumento de la coordinación y la colaboración basada en principios.

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