Parte dos: Planes coordinados entre agencias

Colombia

HRP
Población necesitada
6,7 millones
Población meta
1,5 millones
Requerimientos (US$)
300 millones
Población total
50,9 millones
Nivel de ingresos
Medio-alto
INFORM Severity Index
4.2 / Muy alto
Llamamientos consecutivos
2020 – 2021
Personas beneficiadas (2020)
1,2 millones

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las poblaciones más vulnerables de Colombia, agravando el impacto de la dinámica de la violencia y la pobreza, los desastres naturales y los grandes movimientos migratorios mixtos. Como consecuencia de ello, el número de personas necesitadas aumentó de 5,1 millones en 2019 a 6,7 millones a finales de 2020.

En noviembre se habían notificado más de 1,2 millones de casos de la COVID-19 y más de 34.500 muertes. Aunque las estrictas medidas y esfuerzos de respuesta del Gobierno han logrado mitigar la presión sobre el sistema de salud, no pudieron prevenir totalmente la propagación de la enfermedad y tuvieron consecuencias socioeconómicas negativas. La tasa de desempleo ha aumentado en un 55%, lo que ha incrementado aún más la pobreza monetaria y extrema en el país. A pesar del rápido aumento de los programas de redes de seguridad social de las autoridades nacionales, la inseguridad alimentaria ha aumentado considerablemente; se estima que 3,5 millones de colombianos padecen una grave inseguridad alimentaria y necesitan asistencia urgente para salvar sus vidas.

Las tasas de mortalidad materna y de niños menores de 5 años han aumentado en algunas zonas, y el cierre de los centros educativos debido a la COVID-19 dejó a 10 millones de niños, incluidos niños refugiados y migrantes, sin escolarizar durante medio año. Esto tendrá un impacto duradero en la juventud. Las mujeres y las niñas se han visto afectadas de manera desproporcionada por la inseguridad alimentaria y la pérdida de empleo6, entre otros factores.

A pesar del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto de 2016, que trajo un período de alivio no visto en décadas, los artefactos explosivos improvisados, el desplazamiento, los ataques generales contra la población y la infraestructura civil ocurren regularmente en algunas partes del país. En algunas zonas, los grupos armados ilegales aprovecharon la situación relacionada con la pandemia para ampliar su presencia territorial, lo que ha dado lugar a hostilidades y a un mayor control sobre las comunidades.

En el segundo semestre del año, el país fue testigo de un aumento de la violencia y los asesinatos, el confinamiento forzoso, las restricciones de acceso, la violencia de género y la contaminación por explosivos peligrosos, lo que agravó las necesidades de protección. Los niños, los jóvenes y las mujeres, así como los afrocolombianos y las comunidades indígenas, se han visto afectados de manera desproporcionada.

Situación prevista para 2021 y más adelante

Se prevé que la situación humanitaria en el país seguirá siendo crítica durante 2021. Con la persistencia de la pobreza rural, la desigualdad, las disputas por la tierra y la presencia generalizada de cultivos ilícitos, la violencia armada no puede dejar de persistir en el país. Por consiguiente, se prevé que los riesgos de protección sigan siendo graves en las zonas con presencia y bajo influencia o control parcial de los grupos armados.

Gráfico

Evolución de las necesidades y los requerimientos (2020 - 2021)

La pandemia seguirá representando un riesgo. A menos que exista una vacuna disponible para las poblaciones más vulnerables y rurales, el riesgo de contagio en muchos municipios sin suficiente capacidad de prevención y respuesta, y a menudo sin acceso, sigue siendo alto. Es probable que la reducción de los precios mundiales de los productos básicos de las principales exportaciones de Colombia, así como las graves repercusiones en sectores críticos como el turismo, demoren la recuperación económica y afecten a la seguridad alimentaria. La reducción del financiamiento humanitario y el exceso de capacidad operativa y presupuestaria de las administraciones locales corren el riesgo de limitar la capacidad de respuesta.

Prioridades de la respuesta en 2021

Hasta noviembre, los actores humanitarios han complementado la respuesta del gobierno prestando asistencia a más de 1,2 millones de personas. De ellas, 940.000 personas en todo el país recibieron asistencia relacionada con el impacto de la COVID-19, con especial atención a los supervivientes de la violencia de género. Unos 600.000 de los colombianos más vulnerables afectados por la violencia armada y los desastres naturales -en particular las comunidades indígenas y afrocolombianas- también recibieron asistencia para salvar vidas a través del Plan de Respuesta Humanitaria en los departamentos de Chocó, Nariño, Norte de Santander y el Cauca, entre otros.

Sin embargo, los organismos de las Naciones Unidas y sus socios siguen enfrentándose a restricciones de acceso y están experimentando obstáculos y amenazas directas de los grupos armados. En los primeros nueve meses de 2020 se registraron por lo menos 242 ataques contra misiones médicas y trabajadores de la salud, lo que representa un aumento del 63% en comparación con el año anterior. El financiamiento limitado del Plan para la COVID-19 y del PRH también ha dificultado los esfuerzos de respuesta.

En 2021, la respuesta humanitaria en Colombia se centrará en las comunidades de las zonas rurales remotas en las que las tasas de morbilidad y mortalidad son elevadas, las hostilidades persisten, la capacidad para hacer frente a la situación es insuficiente y los efectos de los desastres naturales, las corrientes migratorias mixtas y la pandemia son desproporcionadamente graves. Los actores humanitarios procurarán dar una respuesta multisectorial más integrada, proteger y salvar vidas mediante la asistencia humanitaria y la protección, y contribuir a soluciones duraderas utilizando un enfoque de protección, de género y diferenciado. Seguirán participando en medidas de prevención y preparación para casos de desastre y complementarán más eficazmente la propia respuesta del gobierno. También se dará prioridad a mejorar los mecanismos de respuesta rápida en los territorios más afectados.

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